Otra más

LNE GIJON

Ayer conocíamos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la que se anula la autorización administrativa previa para la construcción de la regasificadora de El Musel.

Una regasificadora que ya está construida y una sentencia que dice que es ilegal.

Otro duro golpe para Gijón y para Asturias, una demostración más de la incapacidad de los gobiernos socialistas.

El plan de vías, la ZALIA, el metrotren, el sobrecoste de El Musel, y ahora la regasificadora. Otra infraestructura más que queda paralizada.

¿Por qué no se hicieron estudios de viabilidad económica?, ¿por qué se comienzan las obras, se venden a los ciudadanos como grandes logros y luego no se terminan?

La regasificadora conllevó una inversión de 380 millones que quedan de este modo paralizados. Estábamos a la espera de la construcción del gaseoducto El Musel-Llanera para conectarnos a la red nacional de gas y ahora nos encontramos que el verdadero obstáculo está en las equivocadas operaciones realizadas por las administraciones socialistas para hacer posible esta infraestructura.

Los Verdes de Asturias habían presentado la correspondiente demanda, y ayer se les otorgaba la razón por no respetar dicha construcción la distancia de 2 kilómetros respecto a los núcleos urbanos. Un hecho que ya había sido advertido por vecinos y colectivos de distinta índole.

Hace meses nos encontrábamos con una sentencia que anulaba el Plan General de Ordenación de Gijón básicamente por no oir a los ciudadanos. Y ahora tenemos otro ejemplo que refleja que los políticos también hicieron oídos sordos a las opiniones vecinales.

¿Por qué algunos políticos se empeñan en saber más de la ciudad que los propios ciudadanos?

El TSJM también aportó como jurisprudencia otras dos sentencias en este sentido del Tribunal Supremo referente a dos centrales térmicas en Navarra y Madrid.

Lo más probable, según Equo, es que la nulidad conlleve forzosamente la demolición de la regasificadora, el proyecto estrella de Javier Fernández cuando estaba al frente de la Consejería de Industria en el gobierno de Areces.

El proyecto tutelado y dirigido por Areces y Javier Fernández no cumple los requisitos legales.

Una vez más, queda invalidado por su incapacidad.

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