Diálogo y consenso si, desoyendo a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Gijón y a la ciudadanía, no.

Nos encontramos en el umbral de una operación política, jurídica y administrativa para dotarnos de un Plan General de Ordenación (PGO) acorde con la legalidad y eficaz para las necesidades de los gijoneses. La revisión del PGO busca satisfacer los intereses generales de la ciudad, que no tienen que identificarse con los de ningún partido político ni sector social o económico. Como estamos convencidos de ello, no aspiramos a tener una simple mayoría aritmética de concejales, sino representar a una mayoría social. Y esa mayoría social debe darse en un proceso de participación ciudadana en que los ciudadanos se incorporen como agentes activos a la confección del mismo.
Queremos ir, vamos a ir, a un proceso de elaboración colectiva que desborde ampliamente los mínimos marcados en el procedimiento administrativo. Ya hay algún precedente en España de esa masiva incorporación ciudadana al PGO, y Gijón, ciudad participativa donde las haya, merece tener ese papel activo.

Lo ocurrido ayer en el Pleno del Ayuntamiento prefigura una senda de la que debemos huir. Un asunto tan polémico como los suelos urbanizables en el PGO anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) debe ser analizado en la revisión del Plan. Incluirlo en la revisión no prejuzga en modo alguno el resultado final que se adopte para esos suelos. La edificabilidad puede ser una u otra, sin que se pueda, a priori, decir cómo va a ser.

Pero lo más grave no es ya el debate sobre el tratamiento que se dé a los urbanizables, sino la inseguridad jurídica que supone dar la aprobación a unos suelos que dependen de un PGO que ha sido anulado. Por llevar la contraria al equipo de gobierno se dan pasos hacia delante que ponen en riesgo la seguridad jurídica de todo el planeamiento. Sobre una materia tan compleja, los dictámenes de los servicios jurídicos municipales deberían ser una referencia obligada para todos los grupos políticos. Lo mismo digo del posicionamiento de la CUOTA.

La prioridad máxima es contar con un PGO firme, que resista la prueba de los tribunales. Una tercera anulación del plan sería un golpe tremendo para el prestigio del Ayuntamiento y para las necesidades de los gijoneses y el buen desenvolvimiento del mercado del suelo. Estamos en una situación extraordinaria, tras dos anulaciones consecutivas, y hay que medir muy bien los pasos a dar.

El PGO no es una iniciativa de Foro, es un obligado proceso que tenemos que llevar a cabo toda la Corporación para cubrir el vacío abierto por los socialistas al aprobar dos planes que chocan con la legalidad. Tratar de tapar el desastre de los planeamientos anulados aplicando un par de parches y tirando para adelante, es la forma más segura para avanzar hacia la tercera anulación.

No está la situación para tretas políticas, dando el visto bueno a suelos urbanizables que se rechazaban en el anterior mandato, porque no es a esta alcaldesa a la que se deja en minoría, sino que es la propia legalidad la que puede quedar fuera de juego.

La revisión del PGO es el camino más seguro para blindar al planeamiento urbanístico de las reclamaciones legales que ciudadanos particulares vayan a hacer en los próximos años. Si seguimos escrupulosamente el procedimiento y lo enriquecemos con una masiva participación ciudadana superaremos el marasmo legal en que está Gijón instalado tras las dos anulaciones. Dentro de ese marco hay todo el espacio que se quiera para discutir políticamente sobre urbanismo, desde las grandes líneas hasta los aspectos parciales, pero respetando el procedimiento, sin obviar trámites ni ocultando informes legales a los ciudadanos.

Quiero afirmar con la mayor rotundidad que ni el equipo de gobierno de Foro ni yo como alcaldesa partimos de ningún apriorismo, de ninguna pauta previamente establecida, de ningún desarrollo concreto de suelo. No tenemos animadversiones ni prejuicios, sólo nos guía el afán por restablecer la legalidad en el urbanismo de Gijón.

A finales del próximo mes estará adjudicado la revisión del PGO, tras haber sacado a licitación el trabajo para la redacción con el Colegio de Arquitectos. A partir de ahí se abre un periodo de tres meses que queremos aprovechar para iniciar un proceso de participación ciudadana articulado a través de tres canales: A) los Consejos Municipales B) las Mesas mixtas, en las que estarán presentes expertos, entidades no representadas en los Consejos municipales y ciudadanos que hayan manifestado su deseo de participar C) ciudadanos no asociados, que lo harán a través de la Web.

Las conclusiones del debate serán incluidas en el Documento de Diagnóstico que puede llevarse directamente al equipo redactor del plan o remitirlo nuevamente a todos los foros de debate para consensuarlo y luego remitirlo al equipo redactor del plan.

No hay alternativas a la revisión del PGO, a no ser que queramos pasar por la frustrante experiencia de ver cómo un ciudadano o un colectivo impugna el planeamiento ante los tribunales y vuelve a quedar anulado por tercera vez.
El equipo de gobierno no parte de ninguna posición previa y tiene la mente abierta para integrar la pluralidad de planteamientos que se puedan dar.

No tenemos ninguna voluntad de paralizar nada, sino de dar solidez a lo que se construya.

Pedimos a los restantes grupos políticos que abandonen tácticas torticeras y entiendan que estamos ante una operación de ciudad, que no lleva el sello de nadie en concreto, tampoco de Foro, y que saquen conclusiones del pasado reciente. El urbanismo de Gijón no puede vivir instalado en la excepcionalidad.

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