Asturias, por tierra, mar y aire

539024_3003565215216_1444943382_32520293_2057239940_nArtículo de opinión de Fernando Couto, publicado el domingo 13 de abril de 2014.-

El informe emitido por la Oficina de la Unión Europea contra el Fraude (OLAF) sobre la ampliación del puerto de El Musel ocupa el primer plano de la política asturiana. Un informe que señala, entre otras cosas, que las irregularidades cometidas obligan a la Autoridad Portuaria a devolver 198 millones de euros recibidos de Europa. Una exigencia de imposible cumplimiento para el puerto que tiene ya sobre sus espaldas una deuda de 490 millones. El más que probable varapalo afectará extraordinariamente a las empresas clientes de El Puerto que se verán obligadas a soportar un incremento inasumible de las tarifas en un momento en que El Musel ha perdido competitividad con respecto a otras bocas portuarias, penalizando especialmente a los llamados, “tráficos cautivos”, entre ellos, alguno de la importancia de ArcelorMittal.

El Gobierno del Principado guarda un desconcertante silencio amparándose en que no disponen del documento emitido por la OLAF. Cuando Madrid le niega algo, Javier Fernández se resigna. Es, sin duda, el presidente más incapaz para luchar contra las dificultades que tuvo Asturias.  Ante la relevancia de las informaciones aparecidas resultaría sencillo que  preguntaran a sus  propios compañeros de partido, los que entonces tuvieron responsabilidad  en las obras de ampliación de El Musel (años 2005-2011) y estos les trasladarán información de su propia gestión hoy investigada.  Sorprendente también el silencio del senador, Vicente Álvarez Areces, gran hacedor del modelo seguido por la Autoridad Portuaria para ejecutar la ampliación. Dos presidentes socialistas, uno por acción y el otro por omisión, que no estuvieron ni están a la altura de sus responsabilidades.

La situación de El Musel, más allá de la deriva judicial que pueda tener lugar, no resulta un hecho aislado dentro las infraestructuras asturianas. La sustracción de la línea de alta velocidad ferroviaria Madrid-Asturias, concretamente el tramo León-Asturias, supone un expolio del derecho de Asturias a estar incluida en la Red Europea de Alta Velocidad, derecho alcanzado en el año 2000. El abandono del proyecto de la Variante de Pajares, con la complicidad del gobierno socialista, tras haberse asignado 3.000 millones de euros, resulta bochornoso al desviarse hacia otras líneas los recursos necesarios para completar el tramo que necesita Asturias por razones estratégicas irrenunciables.

Si por tierra y mar el panorama es desalentador,  ahora nos enfrentamos al injustificado acorte de la pista del Aeropuerto  de Asturias, tras la necesaria ampliación realizada en el año 2003.  Una década más tarde, Asturias se ve sometida  a un recorte de pista que  mina definitivamente el futuro del aeropuerto como infraestructura de referencia, limitando su capacidad operativa y perjudicando el tránsito de pasajeros y de mercancías, impidiendo la operatividad de  aeronaves de alta capacidad. Primero se suprimieron compañías, vuelos, personal, limpieza, vigilancia y asistencia en tierra, y  finalmente se acorta la pista. No han aparecido de improvisto problemas que justifiquen la necesidad de esta medida, pero resulta evidente que penalizar una infraestructura conlleva el beneficio de otras, véase los aeropuertos de  Santander o Coruña. La falta de la más mínima política aeroportuaria de los sucesivos gobiernos socialistas del Principado ha creado las condiciones para que desde Madrid recorten la infraestructura.

Quienes estando al frente del Principado tomaron medidas equivocadas o dañinas sobre las infraestructuras asturianas, o adoptan una calamitosa pasividad ante los problemas candentes, deberían asumir política y personalmente el coste de los males que nos llegan por tierra, mar y aire. 

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